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Un nuevo marco para la dependencia y la discapacidad

La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, junto con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en julio de 2025, representa un avance importante en materia de derechos sociales en España, tras casi dos décadas desde su promulgación original. Este nuevo marco legal busca responder a las demandas de las personas con discapacidad y dependientes, sus familias y profesionales, y a la vez refleja una sociedad que aspira a un sistema de cuidados más humano, accesible y adaptable (Ministerio de Derechos Sociales, 2025).

No obstante, aunque la reforma incorpora medidas muy esperadas, como la universalización de la teleasistencia, la eliminación de incompatibilidades en prestaciones y el reconocimiento automático de discapacidad, cabe ser cautelosos y observar con atención su implementación y sostenibilidad. La experiencia nos enseña que el verdadero impacto dependerá de la dotación presupuestaria autonómica, la capacitación profesional y la coordinación efectiva entre servicios (Maternidad Diversa, 2025).

Teleasistencia y ayudas combinadas

Uno de los puntos más significativos es el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal, garantizado sin exclusión geográfica ni condición previa, lo que puede reducir la desigualdad histórica entre comunidades autónomas. Esta prestación ofrece un sistema de emergencia y acompañamiento tecnológico imprescindible para personas mayores o dependientes que viven solas, mejorando su seguridad y autonomía (Ministerio de Derechos Sociales, 2025). Sin embargo, persisten dudas sobre la cobertura efectiva y la calidad del servicio en zonas rurales con dificultades de conectividad y recursos humanos.

La eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones es otro avance relevante que permite combinar ayudas económicas y servicios, como ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia y asistencia personal, según las necesidades y preferencias de cada persona. Esto representa un cambio conceptual, acercándonos a un modelo flexible, centrado en la persona y no en los servicios rígidos o estandarizados. Sin embargo, este enfoque deberá convivir con regulaciones autonómicas que pueden mantener ciertas limitaciones, por lo que no podemos dar por garantizada la total flexibilidad en todas las regiones (QIDA, 2025).

Reconocimiento automático de la discapacidad

La ayuda a domicilio se amplía más allá del hogar, incluyendo acompañamiento a consultas médicas, gestiones y otras actividades fuera de la vivienda, un paso hacia modelos de vida comunitaria y participación social más genuina. Junto con la incorporación de nuevos modelos de convivencia, como viviendas compartidas y cohousing, se intenta mitigar el riesgo de aislamiento social y retrasar la institucionalización residencial, pero estos modelos requieren aún un desarrollo social y normativo sólido para despegar plenamente (Inforesidencias, 2024).

Un elemento técnico de gran repercusión es la asignación automática del 33% de discapacidad a las personas con grado I de dependencia, y la pasarela automática para quienes tienen grados II o III, quienes podrán ser reconocidos con al menos un 65% de discapacidad. Esta medida pretende simplificar procedimientos, facilitar el acceso a derechos sociales y laborales y evitar reiterados procesos evaluativos con tiempos muy largos y complejos. No obstante, la pasarela puede generar incertidumbre sobre valoraciones individualizadas y derechos específicos, por lo que la garantía efectiva de protección y adaptaciones personalizadas debe ser vigilada de cerca (Ministerio de Derechos Sociales, 2025).

Hacia un modelo de cuidados más humano

Asistencia personal y formación profesional

La figura de la asistencia personal profesional se consolida, acercándonos a prácticas de referencia internacional donde el asistente personal se posiciona como un facilitador de la autonomía, la participación y el bienestar integral, no solo un cuidador. Esta medida es muy esperanzadora para quienes requieren apoyos intensos, pero la realidad actual del empleo en cuidados, con alta temporalidad y baja cualificación, plantea la necesidad urgente de políticas activas que mejoren condiciones laborales y formación para profesionales (GNDIARIO, 2025).

En relación con el trabajo en el sector de cuidados, la ley reconoce la necesidad de mejorar condiciones laborales, formación y estabilidad, con una estimación que señala 260,000 nuevas contrataciones necesarias hasta 2030. Este reconocimiento es el primer paso para profesionalizar un sector esencial pero históricamente precarizado, aunque será imprescindible hacer un seguimiento efectivo para evitar que esta promesa quede en papel (Ministerio de Derechos Sociales, 2025).

Cuidar en casa y en comunidad

Uno de los logros sociales más destacados es la agilidad incorporada en trámites, con eliminación del plazo suspensivo de hasta dos años para cobrar prestaciones por cuidados familiares y procedimientos de urgencia para casos de especial vulnerabilidad, lo cual puede aliviar cargas emocionales y económicas importantes para las familias que cuidan a personas dependientes (QIDA, 2025).

Un cambio relevante es la compatibilidad reconocida entre empleo y prestaciones, una medida que puede fomentar la autonomía económica y la inclusión laboral, algo esencial para evitar exclusiones históricas. No obstante, la articulación práctica de este aspecto requerirá coordinación efectiva y mecanismos estables para garantizar que no se produzca pérdida de apoyos (Maternidad Diversa, 2025).

La coordinación socio-sanitaria es reforzada expresamente, especialmente para personas institucionalizadas, buscando una atención más integral y eficiente, un aprendizaje clave a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta integración es básica para evitar desprotecciones y mejorar la calidad de vida y salud (Ministerio de Derechos Sociales, 2025).

Accesibilidad y trabajo digno en el cuidado

La reforma prevé una inversión adicional de 800 millones de euros para garantizar mínimos estatales en cuantías de prestaciones, con el objetivo de reducir la brecha territorial y evitar desigualdades entre comunidades. Sin embargo, algunos expertos y organizaciones sociales alertan que esta cifra puede quedarse corta frente al envejecimiento rápido y la demanda creciente, fomentando debates sobre sostenibilidad financiera y priorización de recursos (Autismo España, 2025).

La accesibilidad universal se refuerza firmemente, imponiendo obligaciones a comunidades de propietarios para realizar obras y garantizando ayudas para particulares, además de incluir la accesibilidad en ámbitos públicos y culturales. Para muchas personas mayores y con discapacidad, esta evolución es fundamental para el acceso efectivo a derechos y servicios. En la práctica, queda por ver cómo se instalan los mecanismos de supervisión y sanción para las incumplidoras, así como la rapidez en la ejecución (DGSCS, 2025).

Asimismo, se establece la prohibición explícita de sujeciones físicas, químicas y farmacológicas en centros residenciales y sanitarios, priorizando el consentimiento informado y la revisión periódica. Esta regulación responde a la necesidad de preservar la dignidad y los derechos fundamentales, aunque implica retos para centros en cuanto a formación, recursos y protocolos alternativos (QIDA, 2025).

Testimonios que ponen rostro a la ley

En salud mental, la reforma introduce un marco que protege la autonomía y participación en decisiones, además de prohibir prácticas coercitivas y garantizar el consentimiento informado. Esta aproximación supera el modelo biomédico tradicional e impulsa un enfoque de derechos humanos, transición que es esencial pero compleja en su aplicación (Ministerio de Derechos Sociales, 2025).

¿Cómo se traduce esta reforma en la experiencia diaria? Veamos tres casos ilustrativos que expresan avances y retos aún por consolidar:

–Ana, de 82 años y con dependencia moderada, ahora accede a teleasistencia universal, ayuda domiciliaria ampliada y centro de día sin renunciar a ninguna prestación. Puede permanecer en su hogar, salir acompañada a la consulta médica y participar en talleres, lo que mejora su calidad de vida y reduce la tensión familiar que cuida de ella laboralmente (DGSCS, 2025).

–Luis y Marta, una pareja mayor que habita en vivienda compartida, reciben apoyo extendido para tareas fuera del hogar y han conseguido ayudas para realizar obras de accesibilidad en su vivienda. Pese al avance, todavía enfrentan retrasos administrativos y cierta rigidez administrativa que limitan su disfrute pleno de las nuevas prestaciones (GNDIARIO, 2025).

–Carmen, madre de un adolescente con discapacidad, combina ahora la asistencia personal profesional, el respiro familiar y apoyos tecnológicos para la comunicación. Sin embargo, señala que en su comunidad autónoma la asignación presupuestaria limita horas efectivas de asistencia, reflejo del desafío de la equidad territorial (Autismo España, 2025).

Avance necesario, camino a recorrer

En definitiva, esta reforma representa un paso necesario y relevante hacia un modelo actualizado y más inclusivo, centrado en la persona y sus redes. Pero no es un punto final, sino un punto de partida que exige vigilancia activa, diálogo constante entre administraciones, profesionales, personas afectadas y entidades sociales para superar mecanismos que limitan la equidad, calidad y alcance real del sistema (Maternidad Diversa, 2025).

Como psicóloga y consultora especializada, sé que una ley nunca es suficiente si no se acompaña de valores, recursos humanos formados y un compromiso social real para transformar la mirada hacia la discapacidad y la dependencia. Se abre un horizonte de esperanza desde el reconocimiento legal, pero solo el seguimiento colectivo podrá convertirlo en cambio palpable y cotidiano para quienes más lo necesitan.

Elena Bayo Tallón
Psicóloga, docente y consultora sociosanitaria

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