La violencia sexual en instituciones y hacia personas vulnerables existe, pero muchas veces no tiene nombre, no se registra y no llega a los tribunales ni a las estadísticas oficiales (Brown et al., 2021; Lund et al., 2020). Hablar de ello es incómodo, pero necesario si de verdad se quiere cuidar sin dañar, especialmente cuando la otra persona depende de nosotros para lo más básico (Nugent et al., 2024).​

Qué entendemos por violencias sexuales en contextos de cuidado

Cuando se habla de violencia sexual se piensa enseguida en agresiones graves, pero en el contexto de la discapacidad, la dependencia o las residencias el abanico es mucho más amplio (World Health Organization, 2021). Incluye tocamientos no consentidos, comentarios sexuales o humillantes, exhibicionismo, obligar a ver material sexual, invasión de la intimidad en cuidados (desnudar o manipular el cuerpo sin informar ni pedir permiso), negar sistemáticamente la privacidad o la posibilidad de vivir la propia sexualidad de manera segura (Brown et al., 2021; Friedman et al., 2011).​

En instituciones, la violencia puede venir tanto de profesionales o voluntarios como de otras personas residentes o de visitantes, aprovechando la desigualdad de poder, la falta de supervisión o la dificultad de la víctima para pedir ayuda (Nugent et al., 2024; U.S. Department of Justice, 2023). También se incluyen situaciones de explotación sexual, como exigir favores sexuales a cambio de permisos, beneficios o trato privilegiado, documentadas en el ámbito de la discapacidad y de las personas mayores como una forma extrema de abuso de poder (Mitra et al., 2016; National Council on Aging, 2024).​

Un problema masivo y silenciado

Los estudios muestran que las personas con discapacidad sufren tasas de violencia sexual significativamente más altas que la población general, con un riesgo que puede ser de dos a tres veces superior según el tipo de discapacidad (Hughes et al., 2012; Basile et al., 2016). Un meta‑análisis reciente indica que la probabilidad de sufrir violencia sexual a lo largo de la vida es claramente mayor en personas con discapacidad, especialmente intelectual, sensorial o con dificultades de comunicación, y que la mayoría de casos no se denuncian (Tomsa et al., 2021).​

En personas mayores, los datos sobre maltrato en residencias y centros de larga estancia muestran que, aunque la violencia física, psicológica y económica son las más notificadas, también existe violencia sexual, a menudo invisibilizada por la idea errónea de que “en la vejez no hay sexualidad” (Yon et al., 2019; Podnieks, 2020). Informes sobre abuso en centros de larga duración señalan que las barreras para denunciar son enormes: miedo a no ser creído, dependencia del agresor para cuidados básicos, deterioro cognitivo, vergüenza, desconocimiento de los canales de denuncia y falta de formación del personal para detectar señales (Nugent et al., 2024; Lachs & Pillemer, 2015).​

Factores de riesgo en instituciones y servicios

Varios factores se combinan para aumentar la vulnerabilidad: dependencia para tareas básicas (aseo, vestirse, higiene íntima), necesidad de ayuda para desplazarse, uso de medicación que reduce la alerta o la capacidad de reacción, o trastornos de comunicación como afasia, demencia o discapacidad intelectual (Hughes et al., 2012; Basile et al., 2016). La estructura de muchas instituciones añade otros riesgos: plantillas ajustadas, momentos de cuidados íntimos en espacios poco protegidos, poca supervisión en turnos de noche, cultura jerárquica donde cuesta cuestionar a colegas o superiores, y ausencia de protocolos claros y conocidos por todos (U.S. Department of Justice, 2023; Sokolove Law, 2025).​

Cuando la persona tiene dificultades para expresarse, el agresor puede confiar en que no será entendido o creído, o en que los cambios de conducta se atribuirán a la “enfermedad” o a la “discapacidad” (Tomsa et al., 2021; Brown et al., 2021). Además, muchas personas con discapacidad han recibido poca o ninguna educación sexual adaptada, lo que limita su capacidad para identificar lo que está pasando como abuso y pedir ayuda de forma clara (O’Shea et al., 2020; Mikton et al., 2014).​

Señales de alerta para familias y profesionales

Las señales de alarma pueden ser físicas, psicológicas y conductuales, y no siempre son específicas, pero deben tomarse muy en serio (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; National Council on Aging, 2024). Entre ellas:​

• Cambios bruscos de conducta: retraimiento, miedo repentino a determinadas personas o espacios, pesadillas, regresiones, irritabilidad sin causa aparente (Tomsa et al., 2021).​
• Conductas sexuales nuevas o inusuales para la edad o el perfil de la persona, especialmente si aparecen de manera brusca (Mikton et al., 2014).​
• Rechazo intenso del aseo o de la ayuda física de una persona concreta (Nugent et al., 2024).​
• Lesiones, irritaciones o infecciones en la zona genital sin explicación clara, o cambios en el control de esfínteres (National Council on Aging, 2024).​
• Comentarios directos o indirectos, frases aparentemente “sin sentido” que apuntan a tocamientos, miedos o situaciones confusas (Brown et al., 2021).​

En personas con dificultades de comunicación, estos signos pueden ser muy sutiles y mezclarse con otros síntomas, por lo que las guías recomiendan mantener una actitud de escucha activa, registrar cambios y, ante la duda, explorar con delicadeza, sin sugerir respuestas, recurriendo a profesionales especializados cuando sea necesario (Nugent et al., 2024; National Sexual Violence Resource Center, 2025; CDC, 2025).​

Importancia de la comunicación accesible

Para poder denunciar o simplemente contar, es imprescindible que la persona tenga medios para expresar lo que vive: lenguaje oral, lengua de signos, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, pictogramas, apoyos visuales y personas de confianza que conozcan bien su forma de comunicar (Beukelman & Light, 2020; ASHA, 2017). Las dificultades de comunicación no solo aumentan el riesgo de sufrir abuso, sino también de que este se mantenga porque nadie entiende lo que la persona intenta decir (Hughes et al., 2012; Tomsa et al., 2021).​

Las recomendaciones internacionales subrayan la necesidad de integrar sistemas de comunicación accesibles en instituciones y servicios, y de formar a los equipos para utilizarlos en la exploración de posibles situaciones de violencia: ofrecer pictogramas de “sí/no”, “me han hecho daño”, partes del cuerpo, personas y emociones; usar escalas visuales de malestar; abrir espacios seguros con profesionales formados donde la persona pueda expresarse sin presión (Patak et al., 2006; Happ et al., 2011; Nugent et al., 2024).​

Estudio de caso: cuando creer a la persona marca la diferencia

Ana (nombre ficticio), 68 años, con deterioro cognitivo leve, vive en una residencia. En las últimas semanas se niega al aseo matutino, grita cuando un auxiliar concreto entra en su habitación y, por la noche, tiene pesadillas y llora sin poder explicar bien qué ocurre. Su malestar se atribuye inicialmente a la progresión de la demencia y al “cambio de carácter”, algo descrito con frecuencia en los informes sobre abuso en centros de larga estancia (U.S. Department of Justice, 2023; Lachs & Pillemer, 2015).​

Una enfermera que la conoce desde hace tiempo decide explorar con más calma, en un momento tranquilo, usando frases sencillas, tiempo extra y apoyos visuales con dibujos del cuerpo, emociones y personas, siguiendo recomendaciones de buena práctica en personas con deterioro cognitivo (Happ et al., 2011). Ana, con ayuda, señala repetidamente la zona genital y la figura de un auxiliar, y asiente cuando se le pregunta si siente miedo. Siguiendo las recomendaciones de los protocolos de prevención de abuso en personas con discapacidad y mayores, el equipo activa de inmediato el procedimiento interno, separa al profesional de cualquier contacto con Ana, informa a la dirección y a la familia, y contacta con servicios especializados para valoración y apoyo (Administration for Community Living, 2024; U.S. Department of Justice, 2023; CDC, 2025).​

Se pone en marcha un plan de acompañamiento psicológico adaptado, se refuerzan las medidas de supervisión y se revisan los circuitos de denuncia. Este tipo de respuesta es la que los organismos especializados identifican como buena práctica: creer de entrada a la persona, priorizar su seguridad, evitar interrogatorios repetidos, documentar y activar los recursos legales y terapéuticos necesarios (National Sexual Violence Resource Center, 2025; Administration for Community Living, 2024; CDC, 2025).​

Prevención: mucho más que “tener un protocolo”

Las estrategias de prevención incluyen diferentes niveles. A nivel institucional, se recomiendan políticas claras de tolerancia cero a la violencia sexual, códigos de conducta específicos, protocolos escritos y accesibles, canales seguros de denuncia, liderazgo comprometido y supervisión real, no solo sobre el papel (National Sexual Violence Resource Center, 2025; Church Mutual, 2024; Safeguarding Resource Hub, 2023).​

En recursos humanos, los organismos especializados recomiendan procesos de selección con verificación de antecedentes cuando la ley lo permite, formación inicial y continua en prevención del abuso y ética del cuidado, supervisión adecuada y espacios donde el personal pueda hablar de dificultades sin miedo a represalias (Church Mutual, 2024; CDC, 2025). Con las personas usuarias y sus familias, la prevención pasa por ofrecer educación sexual adaptada, información clara sobre derechos, límites y formas de pedir ayuda, y participación en la construcción de normas y espacios seguros (Disability Justice, s.f.; Administration for Community Living, 2024; Center for American Progress, 2021).​

Los expertos insisten en que los protocolos solo funcionan si se conocen, se entrenan y se revisan después de cada caso, preguntando qué ha fallado y qué hay que cambiar en la organización (National Sexual Violence Resource Center, 2025; Church Mutual, 2024; CDC, 2025). La cultura interna es clave: si lo que se premia es el silencio, la obediencia ciega y “no dar problemas”, es muy difícil que afloren situaciones de abuso (Lachs & Pillemer, 2015; DVSN, 2024).​

Papel de familias y entorno comunitario

Las familias pueden ser un factor de protección importante cuando se sienten informadas y legitimadas para preguntar, observar y, si hace falta, denunciar (Administration for Community Living, 2024; DVSN, 2024). Visitar en diferentes horarios, interesarse por cambios de conducta, preguntar con calma sobre el día a día y mantener una comunicación fluida con el equipo ayuda a detectar precozmente situaciones de riesgo (U.S. Department of Justice, 2023; National Council on Aging, 2024).​

También es importante que conozcan recursos externos, como servicios de atención a víctimas, asociaciones de discapacidad, defensorías y líneas de ayuda, a los que recurrir si sienten que la institución no responde adecuadamente (Administration for Community Living, 2024; National Council on Aging, 2024; CDC, 2025). La coordinación entre servicios sociosanitarios, justicia y recursos especializados en violencia sexual es una de las claves para que las personas vulnerables no queden atrapadas entre puertas cerradas (National Sexual Violence Resource Center, 2025; CDC, 2025).​

Una cuestión de derechos y de ética del cuidado

La violencia sexual contra personas con discapacidad o mayores no es solo un “fallo individual” de una persona agresora, sino un problema estructural ligado a cómo se organizan los cuidados y a cuánto valor se da al cuerpo y a la palabra de quienes dependen de otros (Tomsa et al., 2021; Center for American Progress, 2021). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las políticas de protección de personas mayores subrayan el derecho a la integridad física y emocional, a la intimidad y a vivir libres de violencia, también dentro de instituciones (United Nations, 2006; National Council on Aging, 2024).​

Nombrar estas violencias, visibilizarlas y afrontarlas no es dañar la imagen de los servicios, sino el primer paso para construir espacios de cuidado realmente seguros (Administration for Community Living, 2024; Safeguarding Resource Hub, 2023). Para profesionales y familias, la pregunta clave es incómoda pero potente: qué se puede cambiar hoy —en protocolos, en rutinas, en maneras de tocar y preguntar— para que ninguna persona tenga que pasar sola por algo que nunca debería ocurrir (CDC, 2025).

Artículo completo en Sí Salud Sí: https://sisaludsi.com/violencia-sexual-en-el-cuidado-un-problema-oculto/